Juan Gabriel Tokatlian
BUENOS
AIRES – En enero, el presidente estadounidense, Barack Obama, nombró al
teniente general del Cuerpo de Marines John F. Kelly para dirigir el
Comando Sur de Estados Unidos. Con base en Miami, Florida, el Comando
Sur dirige operaciones militares en toda América Latina y el Caribe, y
es el "guerrero contra las drogas" fundamental de Estados Unidos en la
región. El interrogante clave entre todos los líderes civiles y
militares del área es si el cambio de comandantes traerá consigo un
cambio en el diseño y manejo del tema del tema de narcóticos.
La
primera prioridad del Comando Sur es combatir el narcotráfico desde los
Andes hasta el Río Grande. Con el final de la Guerra Fría, la lucha
contra el comunismo dejó de ser el principal objetivo de las fuerzas
armadas de Estado Unidos; el Comando Sur se concentró cada vez más en
iniciativas coercitivas de lucha contra las drogas, y los fondos para
librar esa batalla fueron abundantes. Pero el cambio de comandantes es
una oportunidad para que Estados Unidos revise, de una vez por todas, su
doctrina regional a fin de ocuparse de otras necesidades de seguridad
apremiantes.
Los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 paradójicamente
reforzaron el interés del ejército de Estados Unidos en combatir a los
traficantes de drogas ilícitas. Si bien otras fuerzas estadounidenses se
involucraron considerablemente en la "guerra contra el terrorismo", el
Comando Sur incrementó su "guerra contra las drogas", en tanto sus
comandantes se concentraron en atrapar a los jefes de la industria en
los Andes, México y América Central.
Eso
sucedió en parte porque, luego del 11 de septiembre, América Latina era
la única región del mundo que no presenció un ataque de terroristas
transnacionales vinculados a Al-Qaeda, de manera que no parecía muy
necesario llevar a cabo allí una actividad contraterrorista. Y, teniendo
en cuenta que Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de drogas
ilegales del mundo, el interés de sus dirigentes en la guerra contra las
drogas en América Latina no parece equivocado, al menos no en la
superficie.
Ese
interés no sólo hizo que el Comando Sur fuera un receptor importante de
fondos federales, sino que también lo convirtió en algo similar a una
agencia autónoma de lucha contra el narcotráfico. Desde la perspectiva
de la región, el Comando Sur parece ser un brazo militar crecientemente
"independiente" de la estrategia global de lucha contra las drogas de
los responsables de las políticas en Estados Unidos. Prácticamente no
tiene que rendir cuentas y cuenta con escasa supervisión parlamentaria, y
tiene recursos significativos para llevar a cabo operaciones agresivas
de lucha contra las drogas.
De
hecho, el Comando Sur ha sido responsable del 75% de los más de 12.000
millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos asignó a las
actividades contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe desde
2000. Sin embargo, a pesar de esta costosa campaña militar, toda la
evidencia demuestra que la "guerra contra las drogas" ha sido un fiasco.
El
fracaso ha sido dramático. En México, aproximadamente 48.000 personas
han sido asesinadas en episodios de violencia vinculados a las drogas
desde que Felipe Calderón fue elegido presidente en 2006. Y México no es
el único. Las actividades relacionadas con el narcotráfico aumentaron
significativamente en toda América Central y el Caribe, lo que detonó un
incremento sin precedentes de la tasa de homicidios -que se duplicó en
países como Guatemala y Jamaica- en la última década.
Es
más, el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína y heroína continúan
en todo el Corredor Andino, a pesar de las duras medidas de
erradicación y extradición de los traficantes implementadas por parte de
Estados Unidos. Simultáneamente, se desarrollaron nuevas rutas de
transporte (a través de Ecuador en el Pacífico y de Venezuela en el
Atlántico), mientras que proliferaron los barones de la droga, los
cultivadores de coca y los caudillos.
El
cono sur de Sudamérica -especialmente Argentina, Brasil y Chile- no han
sido inmunes a la vasta expansión del crimen organizado, el lavado de
dinero y la demanda de drogas. Y, en toda América Latina, la situación
no hizo más que empeorar desde los años 1990. Por cierto, la lucha
contra las drogas de los países latinoamericanos respaldados por Estados
Unidos ha tenido consecuencias destructivas en términos de relaciones
civiles y militares, violaciones de los derechos humanos y corrupción.
Estados
Unidos no puede negar este desastre. Sus guerreros contra las drogas
deben volver a evaluar su posición y poner fin a lo que se ha convertido
en una lucha cada vez más equívoca e inútil. En consecuencia, la
cuestión más crítica que enfrenta Kelly al asumir su nuevo comando es si
puede redefinir el papel del Comando Sur en la lucha contra las drogas
ilegales.
Los
desafíos militares y políticos son importantes, los riesgos son
considerables y los beneficios son inciertos. Pero si el Comando Sur no
implementa cambios importantes en la manera en que se lleva a cabo la
guerra contra las drogas, Estados Unidos se encontrará, en el sur,
frente a un conjunto de vecinos cada vez más volátiles y peligrosos.
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