Las autoridades
cubanas reconocen la necesidad de actualizar la legislación migratoria y,
debido a la complejidad de los asuntos concernidos y a la necesidad de formar
los debidos consensos tanto en la sociedad como en las estructuras de dirección
han pedido tiempo. Hay temas que atañen a residentes en la isla, otros a los
que viven en el extranjero; así como a bienes, familiares y descendientes.
La buena voluntad no
podrá omitir el hecho de que existen cubanos radicados en el extranjero que han
participado en acciones violentas contra el país, se han puesto al servicio de
países extranjeros para realizar acciones contra la seguridad nacional y la
integridad de los residentes en la isla. Tal vez algunos delitos puedan ser
perdonados y probablemente haya personas que para reclamar derechos tengan que
saldar deudas con la justicia. Los legisladores cubanos podrán resolver algunos
de los obstáculos creados por el bloqueo norteamericano pero no todos.
Es obvio que los
avances en este campo no pueden significar un estimulo a la emigración, lo cual
atentaría contra el interés nacional, como tampoco impedirla, lo que
contradeciría derechos individuales. Tampoco se trata de promover el retorno de
los emigrados. En un inventario mínimo, a los asuntos ya resueltos, la
legislación migratoria pudiera sumar los siguientes:
Respecto a los cubanos que vivimos en la
Isla:
Eliminación del “Permiso de salida” y de la
“Carta de Invitación”. Anulación del concepto de “Salida definitiva”. Medidas
para proteger al país del “robo de cerebros”. Derechos de los descendientes
radicados en el extranjero y en la Isla. Opciones para que los cubanos
residentes en el extranjero conserven la ciudadanía cubana y sus descendientes
puedan optar por ella. Solucionar lo relacionado con la ciudadanía doble o
múltiple.
Respecto a los
cubanos emigrados, una vez eliminado el concepto de “salida definitiva”,
automáticamente estarían habilitados para retornar, en cuyo caso habría que
decidir en qué condiciones lo hacen y cómo se reintegran a la sociedad, lo cual
implica componentes de diversa índole, incluyendo deberes y compromisos;
así como elementos económicos y materiales.
Al legislar respecto
a los cubanos radicados en el extranjero habrá que considerar su participación
en los procesos económicos nacionales, tanto si regresan al país como si
permanecen fuera y considerar los derechos de sus descendientes radicados en
Cuba. No podrá omitirse ciertos asuntos políticos como es la participación en
los procesos políticos nacionales, especialmente en los electorales.
En cualquier caso
debería tratarse de leyes que anulen el entramado de resoluciones, decretos,
órdenes y otros autos análogos y que excluyan la posibilidad de que puedan
dictarse en el futuro. También deberían revisarse los criterios de extranjería
y las prácticas aduaneras y de otro tipo aplicadas a los nacionales que residen
en la Isla o en el extranjero y resolver la anomalía institucional consistente
en que el organismo a cargo de los asuntos migratorios que lidia con civiles y
con asuntos de la misma condición sea una entidad militar no sometida la
jurisdicción ordinaria.
El hecho que la
prensa se mantenga al margen de estos asuntos y de que en torno a ellos impere
la “secretividad” son obstáculos mayores que deben ser removidos, porque
impiden la socialización del conocimiento y la elaboración de los consensos
necesarios.
Ciertamente los
asuntos son de gran complejidad aunque tampoco es preciso resolverlos todos de
una sola vez y algunos podrán requerir de reformas mayores que aluden a la
Constitución o la ley electoral. Lo importante es avanzar y avanzar. A nadie le
sobra el tiempo, menos a quienes aspiran a la solución de sensibles asuntos
familiares y se les acaba la vida. Allá nos vemos.
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