¿Por qué Cuba rechaza volver a la OEA? (primera parte) por Nicanor León Cotayo
1961: Antesala de una grotesca puñalada diplomática
El día que se escriba la historia de la titulada Organización de Estados Americanos (OEA), habrá que dedicar un lugar prominente al día que los gobernantes de Washington impusieron la separación de Cuba de sus filas.
Tal hecho ha sido completamente deformado por la maquinaria propagandística de Estados Unidos y tergiversado por quienes le siguen como dóciles corderos.
Pero hay verdades tan sólidas como el acero y por lo tanto no es posible enterrarlas para siempre diez metros bajo tierra, como en este caso. ¿Qué sucedió?
El 6 de agosto de 1961, el representante de Cuba ante la OEA. Carlos Lechuga, dirigió una carta al Secretario General de esa organización en la que denunció actividades del Gobierno de Estados Unidos para entorpecer las relaciones diplomáticas de su país con América Latina.
Lechuga alertaba que esas maquinaciones han “adoptado un nuevo giro táctico con la falsificación de documentos orientados a provocar una crisis de relaciones con el Gobierno Revolucionario de Cuba para aislarlo”.
Tres días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de la isla distribuyó un documento en el que señaló la puesta en marcha de un plan, dirigido por la Casa Blanca, enfilado a
Bloquear a Cuba en el terreno diplomático.
En ese contexto recordó que los gobiernos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador rompieron sus lazos con La Habana alegando una supuesta intervención en sus asuntos internos.
Sin embargo, decía la nota, los dos primeros permitieron que en sus territorios se entrenasen mercenarios que más tarde desembarcaron en Playa Girón, y la Junta Militar salvadoreña hizo suya la creación de un aparato castrense, dirigido y financiado por Washington, con evidentes propósitos de agredir a Cuba.
Añadía que, como parte de la conjura, el 6 de noviembre de 1960 fue asaltada por cinco hombres armados la embajada cubana en Perú, quienes después de amordazar al encargado de negocios procedieron a saquear los archivos y destruir muebles y equipos de la oficina.
Posteriormente, seguía la nota, el diario oficialista La Prensa divulgó una serie de falsos documentos donde se refería la supuesta intromisión de esa dependencia cubana en los asuntos internos de aquel país.
En un inventario de personas que supuestamente recibían dinero de la citada representación caribeña en Lima estaban los nombres de connotados enemigos de Cuba, e incluso de fallecidos, algo que obligó a sus familiares a denunciar la falsedad.
Por ejemplo, el senador peruano Alfonso Montesino valoró al documento acusatorio como no creíble, ya que en este se relacionaba a su hermano, el periodista Benito Montesino, como recibiendo dinero de La Habana, a pesar de que murió antes de 1959.
El comunicado del MINREX también mencionó el caso de Argentina, donde afirmaron haber encontrado pruebas de carácter subversivo en la embajada cubana.
La mayoría de estas, agregaba ese escrito, aparecía firmada por el viceministro político del MINREX, torpe acusación porque ese funcionario no rubricaba la correspondencia dirigida a los embajadores, lo hacían los directores.
Según órganos estadounidenses de prensa, algunos de los supuestos documentos aparecían con los números de registros de salida 36 008 y 36 017, mientras la numeración oficial de la Cancillería cubana no llegaba por aquellos días al número 28 000, cuyo examen –declararon autoridades de la isla- quedaba a disposición de Argentina.
Cuarenta y ocho horas después, el 11 de octubre, portavoces de Buenos Aires calificaron a las supuestas pruebas subversivas extraídas allí de la citada representación diplomática, como “papeles y documentos de rutina consular”.
También informaron haber recibido 33 manuscritos enviados desde Miami, donde trataban de probar la injerencia de Cuba en sus cuestiones internas.
Luego de un examen pericial, solo uno de los aparentes originales armonizaba con una de las copias fotostáticas, cuya firma “no es auténtica” ni lo expresado constituía “en modo alguno violación de la soberanía de este país”.
Votar contra Cuba o perder…
En medio de este panorama, el gobierno de Estados Unidos decidió enjuiciar a Cuba en la OEA reiterando el quebradizo pretexto de su intervención en los asuntos domésticos de naciones latinoamericanas.
Para facilitarse el camino le concedió un crédito de 99 millones de dólares al mandatario peruano, Manuel Prado Ugarte, quien visitó Washington por aquellos días de 1961.
Su embajada en esta capital informó que elevaron una petición al Secretario General de la OEA, donde solicitaban la convocatoria de una reunión de consulta de Cancilleres “a la brevedad posible”.
Los gobernantes norteamericanos asignaron también misiones destacadas a las jefaturas oficiales de Colombia y Venezuela, hasta que con los 19 votos mínimos exigidos a favor, la abstención de La Habana y la ausencia de México, fue aprobado convocar para un hotel-casino de juego, en Punta del Este, Uruguay, la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.
El tres de enero de 1962, a unos 20 días iniciarse tal encuentro, la Casa Blanca anunció un proyecto destinado a entregar 15 millones de dólares a los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, con destino a la producción de café.
Un periódico de Costa Rica, Adelante, comentó que se trataba de un chantaje y soborno, en vísperas de la Conferencia de Punta del Este, dirigido a estabilizar un producto cuyos precios habían sido dañados precisamente por grandes importadores que radican en Estados Unidos.
(continuará)
1961: Antesala de una grotesca puñalada diplomática
El día que se escriba la historia de la titulada Organización de Estados Americanos (OEA), habrá que dedicar un lugar prominente al día que los gobernantes de Washington impusieron la separación de Cuba de sus filas.
Tal hecho ha sido completamente deformado por la maquinaria propagandística de Estados Unidos y tergiversado por quienes le siguen como dóciles corderos.
Pero hay verdades tan sólidas como el acero y por lo tanto no es posible enterrarlas para siempre diez metros bajo tierra, como en este caso. ¿Qué sucedió?
El 6 de agosto de 1961, el representante de Cuba ante la OEA. Carlos Lechuga, dirigió una carta al Secretario General de esa organización en la que denunció actividades del Gobierno de Estados Unidos para entorpecer las relaciones diplomáticas de su país con América Latina.
Lechuga alertaba que esas maquinaciones han “adoptado un nuevo giro táctico con la falsificación de documentos orientados a provocar una crisis de relaciones con el Gobierno Revolucionario de Cuba para aislarlo”.
Tres días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de la isla distribuyó un documento en el que señaló la puesta en marcha de un plan, dirigido por la Casa Blanca, enfilado a
Bloquear a Cuba en el terreno diplomático.
En ese contexto recordó que los gobiernos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador rompieron sus lazos con La Habana alegando una supuesta intervención en sus asuntos internos.
Sin embargo, decía la nota, los dos primeros permitieron que en sus territorios se entrenasen mercenarios que más tarde desembarcaron en Playa Girón, y la Junta Militar salvadoreña hizo suya la creación de un aparato castrense, dirigido y financiado por Washington, con evidentes propósitos de agredir a Cuba.
Añadía que, como parte de la conjura, el 6 de noviembre de 1960 fue asaltada por cinco hombres armados la embajada cubana en Perú, quienes después de amordazar al encargado de negocios procedieron a saquear los archivos y destruir muebles y equipos de la oficina.
Posteriormente, seguía la nota, el diario oficialista La Prensa divulgó una serie de falsos documentos donde se refería la supuesta intromisión de esa dependencia cubana en los asuntos internos de aquel país.
En un inventario de personas que supuestamente recibían dinero de la citada representación caribeña en Lima estaban los nombres de connotados enemigos de Cuba, e incluso de fallecidos, algo que obligó a sus familiares a denunciar la falsedad.
Por ejemplo, el senador peruano Alfonso Montesino valoró al documento acusatorio como no creíble, ya que en este se relacionaba a su hermano, el periodista Benito Montesino, como recibiendo dinero de La Habana, a pesar de que murió antes de 1959.
El comunicado del MINREX también mencionó el caso de Argentina, donde afirmaron haber encontrado pruebas de carácter subversivo en la embajada cubana.
La mayoría de estas, agregaba ese escrito, aparecía firmada por el viceministro político del MINREX, torpe acusación porque ese funcionario no rubricaba la correspondencia dirigida a los embajadores, lo hacían los directores.
Según órganos estadounidenses de prensa, algunos de los supuestos documentos aparecían con los números de registros de salida 36 008 y 36 017, mientras la numeración oficial de la Cancillería cubana no llegaba por aquellos días al número 28 000, cuyo examen –declararon autoridades de la isla- quedaba a disposición de Argentina.
Cuarenta y ocho horas después, el 11 de octubre, portavoces de Buenos Aires calificaron a las supuestas pruebas subversivas extraídas allí de la citada representación diplomática, como “papeles y documentos de rutina consular”.
También informaron haber recibido 33 manuscritos enviados desde Miami, donde trataban de probar la injerencia de Cuba en sus cuestiones internas.
Luego de un examen pericial, solo uno de los aparentes originales armonizaba con una de las copias fotostáticas, cuya firma “no es auténtica” ni lo expresado constituía “en modo alguno violación de la soberanía de este país”.
Votar contra Cuba o perder…
En medio de este panorama, el gobierno de Estados Unidos decidió enjuiciar a Cuba en la OEA reiterando el quebradizo pretexto de su intervención en los asuntos domésticos de naciones latinoamericanas.
Para facilitarse el camino le concedió un crédito de 99 millones de dólares al mandatario peruano, Manuel Prado Ugarte, quien visitó Washington por aquellos días de 1961.
Su embajada en esta capital informó que elevaron una petición al Secretario General de la OEA, donde solicitaban la convocatoria de una reunión de consulta de Cancilleres “a la brevedad posible”.
Los gobernantes norteamericanos asignaron también misiones destacadas a las jefaturas oficiales de Colombia y Venezuela, hasta que con los 19 votos mínimos exigidos a favor, la abstención de La Habana y la ausencia de México, fue aprobado convocar para un hotel-casino de juego, en Punta del Este, Uruguay, la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.
El tres de enero de 1962, a unos 20 días iniciarse tal encuentro, la Casa Blanca anunció un proyecto destinado a entregar 15 millones de dólares a los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, con destino a la producción de café.
Un periódico de Costa Rica, Adelante, comentó que se trataba de un chantaje y soborno, en vísperas de la Conferencia de Punta del Este, dirigido a estabilizar un producto cuyos precios habían sido dañados precisamente por grandes importadores que radican en Estados Unidos.
(continuará)
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