A 24 horas de iniciarse aquella Conferencia de Cancilleres de la OEA, el 21 de enero de 1962, el periódico The New York Times publicó un editorial donde afirmó que en realidad ese hecho constituía una lucha entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba.
Reconocimiento implícito de que en tal foro sobre todo los portavoces oficiales de Perú, Colombia y Venezuela desempeñarían un papel de marionetas.
Según dijo el Times entonces, si Brasil, Argentina, Chile y México rehusaran unirse al plan contra la nación caribeña “sería una derrota para nosotros y una victoria para La Habana”.
En esa misma edición el diario incluyó un reportaje procedente de Punta del Este que decía:
“…el resultado de la Conferencia es impredecible hasta el momento, todos los indicios son de que sería casi imposible para Estados Unidos convencer a México, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador, e incluso probablemente hasta Uruguay” de aprobar una medida punitiva contra Cuba.
The New York Times, apoyado en fuentes presentes en la reunión. Informó 24 horas después que el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, advirtió a sus colegas de América Latina que la asistencia financiera estaría supeditada al respaldo que brindaran a la aplicación de sanciones contra la isla.
Ello apareció destacado en la primera página del diario, con un titulo que decía: “Rusk vincula la ayuda a los países latinos a la acción respecto a Cuba”, en una crónica firmada por su enviado especial, Juan de Onis.
Otro periódico estadounidense, New York Daily News, aseveró al respecto que “es deber de Rusk sostener esa posición inflexiblemente y es deber del Congreso y de la Casa Blanca apoyarlo hasta lo último.
Si alguno de nuestros amigos de América Latina no se incorpora voluntariamente en defensa propia, nosotros debemos presionarlo todo lo que podamos”.
La revista U.S. News and World Report, al enjuiciar el espectáculo de Punta del Este, subrayó que los países más grandes insistían en no ejecutar medidas drásticas, toda vez que “el atractivo del castrismo todavía es fuerte entre millones de seres sin privilegios”.
Un editorial del periódico británico Times, circulado el 22 de enero al inaugurarse el encuentro, opinó que todos los indicios apuntaban a una derrota de Washington en este.
Al comenzar el tercer día de sesiones, siete países, sin contar a Cuba, pusieron en dudas la legalidad de los objetivos que la Casa Blanca trataba de alcanzar allí.
Al concluir la cita luego de cuatro horas de discusiones en el mencionado hotel casino, los representantes de Argentina, México, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y Haití declararon que “aplicar sanciones diplomáticas es políticamente inaceptable y jurídicamente improcedente y sin valor, pues el caso dominicano alegado como precedente es “totalmente distinto”.
Sugirieron “reconocer que la Carta de Bogotá no contempla el caso de exclusión de un Estado miembro, razón por la cual el Consejo de la OEA o una Comisión Especial deberían resolver el problema anticipando que la reforma de la Carta de Bogotá requiere otra Conferencia Interamericana”.
En la noche del 30 de enero, a siete días de comenzada aquella VIII Reunión de Consulta de Cancilleres, fue suscrito por 14 votos a favor, que eran el mínimo indispensable, una Resolución sobre la “exclusión del actual Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano”.
Votaron a favor los Cancilleres de Estados Unidos, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Panamá y alguien que demoró un poco más su venta, el de Haití.
Se abstuvieron: Brasil, Argentina, México, Chile, Bolivia y Ecuador. Votó en contra: Cuba.
El documento aprobado, entre otras cuestiones, estipulaba que la adhesión de Cuba al marxismo-leninismo era incompatible con el sistema interamericano y que el gobierno de la nación antillana, marxista-leninista, negaba los propósitos y principios del sistema, y por eso resultaba incompatible con este.
Los puntos tres y cuatro del documento, suscritos por 14 ministros, establecían la separación de la OEA y la orden de ejecutar la resolución.
Un periódico canadiense, Montreal Star, al analizar después lo sucedido en el balneario uruguayo, dijo que las naciones en contra de la separación de Cuba de la OEA estaban habitadas por unos 163 millones de latinoamericanos.
Sin embargo, añadía, los gobiernos a favor de la sanción, sin incluir a Estados Unidos, decían representar la voluntad de 31 millones de personas.
El rotativo además puntualizó que entre los 14 votantes contra Cuba. “hay siete que no tienen un gobierno democráticamente electo”, en resumen, “esto es una parodia cabal de los procedimientos democráticos, que a la larga dañarán la unidad occidental y el prestigio de Estados Unidos”.
En octubre de 1960 la Casa Blanca suspendió las ventas de mercancías a la isla, y algo más de 15 meses después, amparada en el polémico acuerdo de un grupo de cancilleres de la OEA, prohibió hacerle compras, según la declaración, para evitar que obtuviese dólares con sus envíos de productos a Washington.
Al mismo tiempo, aclaraba Montreal Star, que “fundándose en razones humanitarias quedarán exceptuadas de este embargo las exportaciones de ciertos alimentos, medicinas y otros abastecimientos médicos de Estados Unidos a Cuba”, algo que solo estuvo vigente por corto tiempo.
El decreto número 3447. firmado por John F. Kennedy, exponía en una de sus partes:
Por lo tanto: prohíbo, para hacerse efectivo a las 12:01 de la
madrugada, hora standard del este, de febrero 7 de 1962,
la importación a los Estados Unidos de todos los productos
de origen cubano, además de todos los productos desde o a
través de Cuba.
Y por tanto: ordeno al Secretario de Comercio que continúe
llevando a cabo las prohibiciones de todas las exportaciones
de Estados Unidos a Cuba.
Unos días antes, como demuestran los hechos históricos, Washington separó a La Habana de la OEA y convirtió las propias normas de la institución en algo menos que el papel que va al papel de desperdicios.
Reconocimiento implícito de que en tal foro sobre todo los portavoces oficiales de Perú, Colombia y Venezuela desempeñarían un papel de marionetas.Según dijo el Times entonces, si Brasil, Argentina, Chile y México rehusaran unirse al plan contra la nación caribeña “sería una derrota para nosotros y una victoria para La Habana”.
En esa misma edición el diario incluyó un reportaje procedente de Punta del Este que decía:
“…el resultado de la Conferencia es impredecible hasta el momento, todos los indicios son de que sería casi imposible para Estados Unidos convencer a México, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador, e incluso probablemente hasta Uruguay” de aprobar una medida punitiva contra Cuba.
The New York Times, apoyado en fuentes presentes en la reunión. Informó 24 horas después que el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, advirtió a sus colegas de América Latina que la asistencia financiera estaría supeditada al respaldo que brindaran a la aplicación de sanciones contra la isla.
Ello apareció destacado en la primera página del diario, con un titulo que decía: “Rusk vincula la ayuda a los países latinos a la acción respecto a Cuba”, en una crónica firmada por su enviado especial, Juan de Onis.
Otro periódico estadounidense, New York Daily News, aseveró al respecto que “es deber de Rusk sostener esa posición inflexiblemente y es deber del Congreso y de la Casa Blanca apoyarlo hasta lo último.
Si alguno de nuestros amigos de América Latina no se incorpora voluntariamente en defensa propia, nosotros debemos presionarlo todo lo que podamos”.
La revista U.S. News and World Report, al enjuiciar el espectáculo de Punta del Este, subrayó que los países más grandes insistían en no ejecutar medidas drásticas, toda vez que “el atractivo del castrismo todavía es fuerte entre millones de seres sin privilegios”.
Un editorial del periódico británico Times, circulado el 22 de enero al inaugurarse el encuentro, opinó que todos los indicios apuntaban a una derrota de Washington en este.
Al comenzar el tercer día de sesiones, siete países, sin contar a Cuba, pusieron en dudas la legalidad de los objetivos que la Casa Blanca trataba de alcanzar allí.
Al concluir la cita luego de cuatro horas de discusiones en el mencionado hotel casino, los representantes de Argentina, México, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y Haití declararon que “aplicar sanciones diplomáticas es políticamente inaceptable y jurídicamente improcedente y sin valor, pues el caso dominicano alegado como precedente es “totalmente distinto”.
Sugirieron “reconocer que la Carta de Bogotá no contempla el caso de exclusión de un Estado miembro, razón por la cual el Consejo de la OEA o una Comisión Especial deberían resolver el problema anticipando que la reforma de la Carta de Bogotá requiere otra Conferencia Interamericana”.
En la noche del 30 de enero, a siete días de comenzada aquella VIII Reunión de Consulta de Cancilleres, fue suscrito por 14 votos a favor, que eran el mínimo indispensable, una Resolución sobre la “exclusión del actual Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano”.
Votaron a favor los Cancilleres de Estados Unidos, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Panamá y alguien que demoró un poco más su venta, el de Haití.
Se abstuvieron: Brasil, Argentina, México, Chile, Bolivia y Ecuador. Votó en contra: Cuba.
El documento aprobado, entre otras cuestiones, estipulaba que la adhesión de Cuba al marxismo-leninismo era incompatible con el sistema interamericano y que el gobierno de la nación antillana, marxista-leninista, negaba los propósitos y principios del sistema, y por eso resultaba incompatible con este.
Los puntos tres y cuatro del documento, suscritos por 14 ministros, establecían la separación de la OEA y la orden de ejecutar la resolución.
Un periódico canadiense, Montreal Star, al analizar después lo sucedido en el balneario uruguayo, dijo que las naciones en contra de la separación de Cuba de la OEA estaban habitadas por unos 163 millones de latinoamericanos.
Sin embargo, añadía, los gobiernos a favor de la sanción, sin incluir a Estados Unidos, decían representar la voluntad de 31 millones de personas.
El rotativo además puntualizó que entre los 14 votantes contra Cuba. “hay siete que no tienen un gobierno democráticamente electo”, en resumen, “esto es una parodia cabal de los procedimientos democráticos, que a la larga dañarán la unidad occidental y el prestigio de Estados Unidos”.
En octubre de 1960 la Casa Blanca suspendió las ventas de mercancías a la isla, y algo más de 15 meses después, amparada en el polémico acuerdo de un grupo de cancilleres de la OEA, prohibió hacerle compras, según la declaración, para evitar que obtuviese dólares con sus envíos de productos a Washington.
Al mismo tiempo, aclaraba Montreal Star, que “fundándose en razones humanitarias quedarán exceptuadas de este embargo las exportaciones de ciertos alimentos, medicinas y otros abastecimientos médicos de Estados Unidos a Cuba”, algo que solo estuvo vigente por corto tiempo.
El decreto número 3447. firmado por John F. Kennedy, exponía en una de sus partes:
Por lo tanto: prohíbo, para hacerse efectivo a las 12:01 de la
madrugada, hora standard del este, de febrero 7 de 1962,
la importación a los Estados Unidos de todos los productos
de origen cubano, además de todos los productos desde o a
través de Cuba.
Y por tanto: ordeno al Secretario de Comercio que continúe
llevando a cabo las prohibiciones de todas las exportaciones
de Estados Unidos a Cuba.
Unos días antes, como demuestran los hechos históricos, Washington separó a La Habana de la OEA y convirtió las propias normas de la institución en algo menos que el papel que va al papel de desperdicios.
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