Los fracasados programas de Washington para la subversión en Cuba tienen un patrimonio problemático, que incluye malversación, mala gestión y politización sistémica, por lo que deben eliminarse, afirmó Fulton Armstrong, asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.
La aseveración está contenida en un artículo de su autoría, titulado Es hora de limpiar los programas que promueven un cambio de régimen en Cuba , publicado por el diario The Miami Herald.
Las críticas a los proyectos del Departamento de Estado y de la Agencia Internacional de EE.UU. para el Desarrollo (USAID), Armstrong las basa en su experiencia de tres años como investigador principal de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre las operaciones políticas de esas dos entidades para la Isla y Latinoamérica.
El articulista, quien trabajó el tema Cuba en el Consejo de Seguridad Nacional bajo las Administraciones de William Clinton (1993-1997 y 1997-2001), sostiene que los exitazos del programa, a un costo de millones de dólares, fueron exagerados y hasta fabricados, como la creación de una red de bibliotecas independientes.
Precisa que el mandato de su Comité de Supervisión consistió en tratar de garantizar que los fondos -unos $ 20 millones al año, pero hasta $ 45 millones en 2009- fueran utilizados eficazmente y en correspondencia con la ley en Estados Unidos.
La labor de la Comisión fue obstruida por el Departamento de Estado y su agencia subordinada, USAID, que se negaron a entregar información sobre los programas, cuyas señas son las de una operación encubierta de inteligencia por su secretismo, uso de tecnologías de encriptación y ocultamiento del papel del Gobierno, asegura el artículo.
En su argumentación, Armstrong se refiere a Alan Phillip Gross, contratista de USAID, quien fue arrestado en diciembre de 2009 en La Habana y sentenciado, en marzo de 2011, a 15 años de prisión por realizar operaciones encubiertas subversivas en la Isla.
Cuando una operación de ese tipo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sale mal y cae preso un oficial clandestino, Washington usa una estrategia para negociar su liberación, pero cuando un contratista encubierto de la USAID es detenido, aprieta su retórica política, da más dinero al programa comprometido, y se rehúsa a comentar, enfatiza.
No sabíamos quien era Gross (nacido en Maryland, Estados Unidos), y de hecho, tras su arresto en la Isla, el Departamento de Estado lo negó furiosamente, e incluso algunos de nuestros diplomáticos en La Habana pensaron que trabajaba para la CIA, expone el asesor.
Gross, declarado culpable del delito de Actos Contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado, fue sancionado a 15 años de privación de libertad, en marzo pasado, al demostrarse que introdujo ilegalmente en Cuba, medios de infocomunicaciones para crear redes internas, parte de un programa destinado a labores desestabilizadoras y subvertir el orden constitucional.
En cumplimiento de su contrato de $585 mil dólares, Gross realizó cinco visitas al país caribeño, dice Armstrong, quien apunta que el contratista declaró que los funcionarios estadounidenses lo engañaron.
Agrega el articulista que las leyes de EE.UU. prohíben que los agentes extranjeros no inscritos como tales puedan viajar por ese país distribuyendo equipos de satélite, encriptación y telefonía y puntos de acceso WiFi, además de asistencias de valor monetario.
El texto publicado en The Miami Herald concluye con una exhortación a los altos funcionarios norteamericanos a limpiar sus programas subversivos y negociar la liberación del contratista Gross.
LOS PLANES ENCUBIERTOS DE EE.UU. CONTRA CUBA
Estados Unidos empleó más de 200 millones de dólares para la subversión contra el Gobierno cubano desde 1997. La cifra fue develada por Just the Facts, una entidad civil que registra los gastos del Gobierno de los Estados Unidos para la Defensa y la Asistencia de Seguridad en América Latina y el Caribe.
La investigación, fue realizada entre el 2009 y el 2010, y sobrevino tras cuestionamientos de la eficacia de los programas para Cuba, la mayoría de los cuales son gestionados por la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). En los últimos años, la USAID pagó a esa empresa Washington DC, por lo menos 1,47 millones de dólares para auditar los programas de la Agencia para Cuba.
El periodista Tracey Eaton, quien sostiene el blog Cuba Money Project, en marzo de 2011 pidió una copia de los resultados de la auditoría a través de la Freedom of Information Act, o FOIA.
La USAID respondió a principios de este mes, enviándole apenas diez páginas del informe, que omite la mayoría de los hallazgos, recomendaciones y otras informaciones clave, incluyendo la identidad de los beneficiarios de las ayudas detectadas por la auditoría.
Eaton comentó en tono irónico que le resultaba imposible creer que una auditoría que costó 1,47 millones de dólares no dejara más pistas.
Eso significaría, que las diez páginas publicadas han costado a los contribuyentes cerca de 150 000 dólares cada una\". argumentó el periodista.
La aseveración está contenida en un artículo de su autoría, titulado Es hora de limpiar los programas que promueven un cambio de régimen en Cuba , publicado por el diario The Miami Herald.
Las críticas a los proyectos del Departamento de Estado y de la Agencia Internacional de EE.UU. para el Desarrollo (USAID), Armstrong las basa en su experiencia de tres años como investigador principal de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre las operaciones políticas de esas dos entidades para la Isla y Latinoamérica.
El articulista, quien trabajó el tema Cuba en el Consejo de Seguridad Nacional bajo las Administraciones de William Clinton (1993-1997 y 1997-2001), sostiene que los exitazos del programa, a un costo de millones de dólares, fueron exagerados y hasta fabricados, como la creación de una red de bibliotecas independientes.
Precisa que el mandato de su Comité de Supervisión consistió en tratar de garantizar que los fondos -unos $ 20 millones al año, pero hasta $ 45 millones en 2009- fueran utilizados eficazmente y en correspondencia con la ley en Estados Unidos.
La labor de la Comisión fue obstruida por el Departamento de Estado y su agencia subordinada, USAID, que se negaron a entregar información sobre los programas, cuyas señas son las de una operación encubierta de inteligencia por su secretismo, uso de tecnologías de encriptación y ocultamiento del papel del Gobierno, asegura el artículo.
En su argumentación, Armstrong se refiere a Alan Phillip Gross, contratista de USAID, quien fue arrestado en diciembre de 2009 en La Habana y sentenciado, en marzo de 2011, a 15 años de prisión por realizar operaciones encubiertas subversivas en la Isla.
Cuando una operación de ese tipo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sale mal y cae preso un oficial clandestino, Washington usa una estrategia para negociar su liberación, pero cuando un contratista encubierto de la USAID es detenido, aprieta su retórica política, da más dinero al programa comprometido, y se rehúsa a comentar, enfatiza.
No sabíamos quien era Gross (nacido en Maryland, Estados Unidos), y de hecho, tras su arresto en la Isla, el Departamento de Estado lo negó furiosamente, e incluso algunos de nuestros diplomáticos en La Habana pensaron que trabajaba para la CIA, expone el asesor.
Gross, declarado culpable del delito de Actos Contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado, fue sancionado a 15 años de privación de libertad, en marzo pasado, al demostrarse que introdujo ilegalmente en Cuba, medios de infocomunicaciones para crear redes internas, parte de un programa destinado a labores desestabilizadoras y subvertir el orden constitucional.
En cumplimiento de su contrato de $585 mil dólares, Gross realizó cinco visitas al país caribeño, dice Armstrong, quien apunta que el contratista declaró que los funcionarios estadounidenses lo engañaron.
Agrega el articulista que las leyes de EE.UU. prohíben que los agentes extranjeros no inscritos como tales puedan viajar por ese país distribuyendo equipos de satélite, encriptación y telefonía y puntos de acceso WiFi, además de asistencias de valor monetario.
El texto publicado en The Miami Herald concluye con una exhortación a los altos funcionarios norteamericanos a limpiar sus programas subversivos y negociar la liberación del contratista Gross.
LOS PLANES ENCUBIERTOS DE EE.UU. CONTRA CUBA
Estados Unidos empleó más de 200 millones de dólares para la subversión contra el Gobierno cubano desde 1997. La cifra fue develada por Just the Facts, una entidad civil que registra los gastos del Gobierno de los Estados Unidos para la Defensa y la Asistencia de Seguridad en América Latina y el Caribe.
La investigación, fue realizada entre el 2009 y el 2010, y sobrevino tras cuestionamientos de la eficacia de los programas para Cuba, la mayoría de los cuales son gestionados por la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). En los últimos años, la USAID pagó a esa empresa Washington DC, por lo menos 1,47 millones de dólares para auditar los programas de la Agencia para Cuba.
El periodista Tracey Eaton, quien sostiene el blog Cuba Money Project, en marzo de 2011 pidió una copia de los resultados de la auditoría a través de la Freedom of Information Act, o FOIA.
La USAID respondió a principios de este mes, enviándole apenas diez páginas del informe, que omite la mayoría de los hallazgos, recomendaciones y otras informaciones clave, incluyendo la identidad de los beneficiarios de las ayudas detectadas por la auditoría.
Eaton comentó en tono irónico que le resultaba imposible creer que una auditoría que costó 1,47 millones de dólares no dejara más pistas.
Eso significaría, que las diez páginas publicadas han costado a los contribuyentes cerca de 150 000 dólares cada una\". argumentó el periodista.
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