Se las puede someter, sin embargo, a una prueba muy simple, para determinar si las nobles intenciones pueden ser tomadas en serio: ¿llaman los autores a la intervención humanitaria y la “responsabilidad de proteger” a las víctimas de sus propios crímenes o a las de sus clientes? Tomemos, por ejemplo, a Obama: ¿convocó a una zona de exclusión aérea durante la asesina y destructora invasión israelí, respaldada por Estados Unidos, de Líbano, en 2006, sin ningún pretexto creíble? ¿Acaso, no explicó con orgullo durante su campaña presidencial que él había patrocinado una resolución del Senado de apoyo a la invasión, en la que se pedía el castigo de Irán y Siria por impedirla? Fin de la discusión. De hecho, prácticamente toda la literatura de la intervención humanitaria y el derecho a proteger, escrita o hablada, desaparece tras esta prueba sencilla y adecuada.
Por el contrario, de las razones REALES poco se habla, y uno tiene que escudriñar los archivos documentales e históricos para descubrirlas, sea el Estado que sea.
¿Cuáles son entonces las razones de EE.UU.? A un nivel muy general, la evidencia me parece que demuestra que no han cambiado mucho desde los estudios de planificación de alto nivel iniciados durante la Segunda Guerra Mundial. Los planificadores en tiempo de guerra daban por sentado que EE.UU. saldría de la guerra en una posición de dominio abrumador, e instaron al establecimiento de una Gran Zona en la que EE.UU. mantuviera un “poder incuestionable” con “supremacía militar y económica”, que garantizase al mismo tiempo la “limitación de cualquier ejercicio de la soberanía” por parte de otros Estados, que pudiera interferir con sus designios globales. La Gran Zona debía incluir el Hemisferio Occidental, el Lejano Oriente, el Imperio británico (que incluía las reservas de energía de Oriente Próximo) y la parte de Eurasia que fuera sea posible, al menos su centro industrial y comercial en el Oeste del continente europeo. Está muy claro, basándose en registros documentales que “el presidente Roosevelt tenía por objetivo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la posguerra”, para citar la precisa valoración del respetable historiador británico Geoffrey Warner. Y, más importante, los minuciosos planes de tiempo de guerra se llevaron a la práctica poco después, como podemos leer en los documentos desclasificados de los años siguientes, y como podemos observar en la práctica. Las circunstancias han cambiado, por supuesto, y las tácticas se han ajustado en consecuencia, pero los principios básicos son bastante estables, hasta el presente.
Con respecto a Oriente Próximo –la “región de mayor importancia estratégica del mundo”, en palabras del presidente Eisenhower– la principal preocupación ha sido y sigue siendo sus incomparables reservas energéticas. El control de éstas daría el “control sustancial del mundo”, como vio muy pronto el influyente asesor liberal A.A. Berle. Estas preocupaciones suelen ocupar un lugar prominente en los asuntos relativos a esta región.
En Iraq, por ejemplo, cuando las dimensiones de la derrota de Estados Unidos. Ya no podían ocultarse, la retórica fue desplazada por un honesto anuncio de los objetivos de la política. En noviembre de 2007, la Casa Blanca emitió una declaración de principios en la que insistía en que Iraq debía conceder a las fuerzas militares de EE.UU. el acceso por tiempo indefinido, y también en que se debía dar preferencia a los inversores estadounidenses. Dos meses más tarde, el presidente informó al Congreso que iba a pasar por alto cualquier legislación que pudiera limitar el estacionamiento permanente de las fuerzas armadas de EE.UU. en Iraq o “el control por parte de Estados Unidos de los recursos petrolíferos de Iraq”, exigencias que abandonó poco después ante la resistencia iraquí, al igual que tuvo que abandonar los objetivos anteriores.
Si bien el control del petróleo no es el único factor en la política de Oriente Próximo, ofrece en cambio algunas directrices bastante acertadas, antes como ahora. En un país rico en petróleo, a un dictador de confianza se le garantiza una libertad de acción casi total. En las últimas semanas, por ejemplo, no ha habido reacción alguna cuando la dictadura de Arabia Saudí utilizó la fuerza masiva para aplastar cualquier signo de protesta. Otro tanto en Kuwait, donde unas pequeñas manifestaciones fueron aplastadas al instante. Y en Bahrein, cuando las fuerzas armadas dirigidas por Arabia Saudí intervinieron para proteger al monarca de la minoría sunita de las demandas de reformas por parte de la población chií reprimida. Las fuerzas gubernamentales no solo desmantelaron el campamento de la Plaza de la Perla –la Plaza Tahrir de Bahrein– sino que llegaron a demoler la estatua de la Perla que es el símbolo de Bahrein y de la que se habían apropiado los manifestantes. Bahrein es un caso particularmente sensible, ya que alberga la Sexta Flota de EE.UU. la fuerza militar más poderosa, con mucho, de la región, y también porque el Este de Arabia Saudita, en la puerta de al lado, es también en gran parte chií y tiene las mayores reservas petroleras del reino. Por un curioso accidente de la geografía y la historia, la mayor concentración de hidrocarburos del mundo rodea la parte norte del Golfo, en regiones de mayoría chií. La posibilidad de una alianza tácita chií ha sido la pesadilla de los planificadores desde hace mucho tiempo.
En los estados que carecen de grandes reservas de hidrocarburos, las tácticas varían, aunque por lo general se ajustan siempre al mismo esquema estándar cuando uno de nuestros dictadores tiene problemas: apoyarlo el mayor tiempo posible y, cuando resulta imposible, hacer pública declaración de amor a la democracia y los derechos humanos, tratando a la vez de salvar la mayor parte del régimen que sea posible.
El escenario es aburridamente familiar: Marcos, Duvalier, Chun, Ceasescu, Mobutu, Suharto y muchos otros. Y hoy, Túnez y Egipto. Siria es un hueso duro de roer y no hay una alternativa clara a la dictadura que apoye los objetivos de EE.UU. Yemen es un cenagal en el que la intervención directa probablemente crearía problemas aún mayores a Washington. Así que ahí la violencia estatal sólo produce declaraciones piadosas.
Libia es un caso diferente. Libia es rica en petróleo, y aunque EEUU. y el Reino Unido han proporcionado con frecuencia un apoyo notable a su cruel dictador, hasta ahora, éste no es de confianza. Preferirían un cliente más obediente. Además, el vasto territorio de Libia está poco explorado, y los especialistas de la industria petrolera creen que puede haber abundantes recursos petrolíferos sin explotar, que un gobierno más previsible podría abrir a la explotación occidental.
Cuando comenzó un levantamiento no violento, Gadafi lo aplastó violentamente y estalló una rebelión que liberó Bengazi, la segunda ciudad más grande del país, y parecía a punto de asediar la fortaleza de Gadafi en el Oeste. Sus fuerzas, sin embargo, cambiaron el curso del conflicto y llegaron a las puertas de Bengazi. Una masacre era probable, y como el asesor de Obama para Oriente Próximo, Dennis Ross, señaló “todo el mundo nos culparía por ello.” Eso sería inaceptable, al igual que una victoria militar que potenciase el poder y la independencia de Gadafi. Ante esta tesitura, EE.UU. se unió a las Naciones Unidas en la resolución 1973, que establece una zona de exclusión aérea a cargo de Francia, el Reino Unido, y EE.UU., en la que este país podría tener un papel secundario.
No se hizo ningún esfuerzo para limitar la acción a la creación de una zona de exclusión aérea o siquiera a mantenerse en el mandato más amplio de la resolución 1973.
El triunvirato interpretó inmediatamente la resolución como una autorización para su participación directa del lado de los rebeldes. Se impuso por la fuerza un alto el fuego a las fuerzas de Gadafi, pero no a los rebeldes. Por el contrario, se les dio apoyo militar a medida que avanzaban hacia el Oeste, y enseguida se hicieron con las principales fuentes de producción de petróleo de Libia, y estuvieron listos para seguir adelante.
El flagrante desprecio de la resolución 1973 de las Naciones Unidas pronto comenzó a causarle dificultades a la prensa, ya que era demasiado grave ignorarlo. En el New York Times, por ejemplo, Karim Fahim y David Kirkpatrick (el 29 de marzo) se preguntaban “cómo podrían justificar los aliados sus ataques aéreos contra las fuerzas del coronel Gadafi en torno a [su centro tribal de] Sirte si, como parece ser el caso, goza de amplio apoyo en la ciudad y no representa una amenaza para los civiles.” Otra dificultad técnica es que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad exige un embargo de armas que se aplique a todo el territorio de Libia, lo que significa que cualquier aporte externo de armas a la oposición tendría que ser encubierto (pero, de otro modo, no problemático).
Hay quien argumenta que el petróleo no puede ser una razón, porque las compañías occidentales ya disfrutaban de acceso al botín bajo Gadafi. Este razonamiento ignora las preocupaciones de EE.UU. Lo mismo podría haberse dicho de Iraq bajo Saddam, o de Irán o Cuba durante muchos años, y aún hoy en día. Lo que Washington pretende es lo que Bush anunció: control o, por lo menos, clientes de confianza. Documentos internos estadounidenses y británicos subrayan que “el virus del nacionalismo” es su mayor temor, no sólo en el Oriente Próximo sino en todas partes. Regímenes nacionalistas que pudieran llevar a cabo ilegítimos ejercicios de soberanía, violando los principios de la Gran Zona. Y que pudieran tratar de dirigir los recursos a cubrir las necesidades populares, como Nasser amenazaba ocasionalmente con hacer.
Vale la pena señalar que las tres potencias imperialistas tradicionales –Francia, Reino Unido, EE.UU. – están casi aisladas en la realización de estas operaciones. Los dos principales estados de la región, Turquía y Egipto, probablemente podrían haber impuesto una zona de exclusión aérea, pero sólo ofrecen un tibio apoyo a la campaña militar del triunvirato. Las dictaduras del Golfo estarían felices de ver desaparecer al errático dictador libio, pero a pesar de estar sobrecargadas de hardware militar de último modelo (servido generosamente por EE.UU. y Reino Unido para reciclar los petrodólares y asegurar su obediencia), sólo se atreven a ofrecer una participación simbólica (Qatar.)
Si bien apoyan la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la onU (UNSC), los países africanos –aparte de Ruanda, aliado de EE.UU.– se oponen en general a la forma en que aquélla ha sido interpretada, a toda prisa, por el triunvirato, y en algunos casos esta oposición es muy firme.
Más allá de la región hay poco apoyo. Al igual que Rusia y China, Brasil se abstuvo de en la votación de la ONU de la resolución 1973, instando en cambio a un completo alto el fuego y al diálogo. India también se abstuvo en la resolución, basándose en que las medidas propuestas pueden “agravar una situación ya difícil para el pueblo de Libia”, y también pidió medidas políticas y no el uso de la fuerza. Incluso Alemania se abstuvo. Italia también se mostró reacio, en parte quizá porque es muy dependiente de los contratos petroleros con Gadafi. Además, podemos recordar el genocidio que llevó a cabo Italia en el este de Libia, la zona ahora liberada, tras la primera Guerra Mundial, del que tal vez conserven algunos recuerdos.
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