AUNQUE EL IMPERIALISMO SE VISTA DE SEDA.
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El problema de la ecología no es sólo ecológico. Si algo nos enseña la
Teoría General de los Sistemas, es que todos los elementos de un sistema
interactúan entre sí. La ecología no es un mero problema de gases,
fluidos y especies: es un problema de la acción coercitiva de los
cuerpos políticos sobre el medio humano que a su vez opera sobre el
medio ambiente. No hay mejora ecológica sin mejora política.
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La acción humana sobre la Ecología parece regida hasta el presente por
una lógica matemática que es a la vez paradigma cultural, el de la
Teoría de los Juegos. Una variante de ésta se ocupa de los llamados
Juegos Suma Cero, en los cuales la ganancia de una parte se hace a costa
de la pérdida de las otras, sistematizados por Oskar Morgenstein y John
von Neuman en 1944 en su libro The Theory of Games and Economic
Behavior (Heims, Steve J.: J. von Neuman y N. Wiener (1 y 2); Salvat
Editores, Barcelona 1986). En el modelo matemático del capitalismo, una
de las tres fuerzas productivas, el Capital, se alimenta de la
explotación y el desgaste de las restantes: la Naturaleza y el Trabajo, y
desplaza hacia éstas todas las consecuencias nefastas del proceso
productivo. El capital de las grandes potencias logra tales objetivos en
estrecha complicidad con el Estado, al tiempo que pretende que los
Estados de los países periféricos se abstengan de toda intervención
económica.
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Así, el gran capital, mientras se coliga con el poder público del
Estado, intenta desplazar la gestión de las restantes fuerzas de
producción hacia la esfera de lo privado. Por ello pretende que la
defensa del Trabajo esté esencialmente en manos de asociaciones
privadas, como los sindicatos; y postula que la gestión de la Naturaleza
debe depender también esencialmente de entes privados: las grandes
empresas transnacionales, las minorías étnicas, y las Organizaciones No
Gubernamentales Ecológicas, con gran frecuencia financiadas por las
primeras. La llamada Green Economy, a pesar de algunas de sus
postulaciones sensatas, predica que la naturaleza debe ser sometida al
juego de un mercado que a su vez está dominado por el gran Capital. Como
bien denuncia el “Grupo de articulación internacional de la Cumbre de
los Pueblos por Justicia Social y Ambiental” en su manifiesto de 12 de
mayo de 2012 en Río de Janeiro: “El fallido modelo económico, ahora
disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la
naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la
privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así
como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados
financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios
ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+
(Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de
bosques)”.
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Examinemos el comportamiento de esta alianza entre Capital y Estado en
el primer actor ecológico del mundo. Estados Unidos cuenta no más del 4%
de la población mundial, devora 25% de la energía fósil del planeta y
es el mayor emisor de gases contaminantes. El Project New American
Century postula que dicho país debe aprovechar sus ventajas acumuladas
para continuar siendo la potencia hegemónica del siglo XXI, para lo cual
debe seguir un plan de incremento de su poderío militar a fin de no
comprometer el nivel de vida de su población (http://www.
Newamericancentury). La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados
Unidos postula el uso sistemático de la fuerza incluso en ataques
“preventivos”, con o sin el apoyo de la comunidad internacional (Bush,
George: “The National Security Strategy of the United States of
America”, Washington, 17-9- 2002, www.whitehouse.gov/nsc//.html). No por
casualidad la potencia norteña gasta por sí sola en armamentos más que
el conjunto de los otros países. Paralelamente, el Plan de Guerra de
Bill Clinton proponía con respecto a América Latina una reconquista
política, militar y económica mediante el ALCA, especie de Tratado de
Libre Comercio continental que pretendía prohibir medidas
proteccionistas del ambiente, y la apropiación de la Amazonia
(Dieterich, Heinz: La integración militar del Bloque de Poder
Latinoamericano, Instituto Municipal de Publicaciones, Caracas 2004,
49). En orden ejecutiva de 16 de marzo de 2012, el presidente Barack
Obama declara materias atinentes a la seguridad nacional lo relativo a
la energía, los recursos hídricos, los alimentos, la producción
agrícola, el trabajo y todo tipo de tecnologías y suministros, incluidos
materiales de construcción; y se atribuye competencias y facultades
para mantener la provisión adecuada de ellos para los requerimientos de
la Defensa Nacional (www.whitehouse.gov/nsc//.html). La mayor potencia
militar del mundo pretende asegurarse la ilimitada disposición de la
Naturaleza del planeta mediante el poder estatal y la agresión
ilimitada.
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A partir de estas premisas, se entiende que conductas como la negativa
conjunta de Estados Unidos y Canadá a suscribir el protocolo de Kyoto no
son decisiones ecológicas, sino políticas. A ambos Estados les importa
un comino que el mundo se ahogue en gases de invernadero, mientras sus
ciudadanos puedan disfrutar de una sociedad de consumo fundada en el
derroche de combustible en automóviles individuales. Igual política
anima a las demás potencias que suscriben el Protocolo, pero limitan la
reducción de sus emisiones mediante “acuerdos de flexibilización”. Si
los principales contaminadores del mundo se niegan a reducir sus
emisiones, ¿quién deberá hacerlo? Se impone tal obligación a los países
emergentes, a fin de que sus economías no puedan competir con las
hegemónicas.
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Para desplazar la responsabilidad por la pureza de la atmósfera a los
países que menos la contaminan, los 190 países reunidos a fin de 2008 en
la conferencia sobre el clima en Poznan prometen la creación de un
“cofre dorado” de créditos de carbono, para que comunidades rurales
pobres reciban subsidios como guardianas de tierras y bosques. En dicha
conferencia se acordó asimismo un esquema de pagos por la preservación
de bosques, llamado Iniciativa de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación (REDD, en inglés). Según él, los países más
ricos se comprometerían a compensar la contaminación ambiental que
generan, pagando por mantener y reforestar selvas tropicales. En dicho
fondo se incluyen catorce naciones, cinco de ellas de América Latina:
Bolivia, Costa Rica, Guyana, México y Panamá (Kaldrmakis, de Posmas,
Sofía: “Mercadeando el carbono”, Panorama de las Américas, Panamá,
febrero 2009, 130). Dichos aportes, obviamente, no se entregan sin
condiciones: éstas pueden comprender restricciones para el uso por cada
país de sus bosques tropicales, o derechos sobre la biodiversidad, los
cauces hídricos y otros bienes naturales. Además, harían depender la
preservación de los bosques de la eventual fijación de un “precio
internacional por las emisiones de carbono”, todavía no acordado, sujeto
a fluctuaciones mercantiles y a complejas mediciones. Obsérvese por
otra parte que los créditos aparentemente serían otorgados a
“comunidades rurales pobres” y no a los Estados que representan la
totalidad del país: la responsabilidad por la preservación de los
recursos naturales se desplazaría así, no a los Estados del Tercer
Mundo, sino a grupos sociales específicos dentro de ellos. Sería
preferible que los países que poseen bosques tropicales gerenciaran por
sí mismos sus propias políticas de conservación. La protección de los
bosques como compensación por las emisiones de gases de efecto
invernadero es, por otra parte, una cuestión compleja, que involucra
infinidad de aspectos biológicos, sociales, económicos, políticos y
culturales, y que no debería depender de un mero sistema de mercado
(www.carbonfinance.org). El presidente de Ecuador Rafael Correa rechazó
en 2010 un acuerdo de tal naturaleza, por considerar que sus cláusulas
eran deprimentes y contrarias a la soberanía de su país.
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El agua es vida: privatizarla es privatizar la existencia. El Capital
avanza una campaña mundial por la apropiación de las aguas y de los
servicios de acueductos. Algunas organizaciones no gubernamentales han
librado gloriosas batallas por preservar el derecho humano al vital
líquido, tales como la Guerra del Agua de Cochabamba. Pero quienes en
definitiva han recuperado el control de aguas y acueductos en Venezuela,
Bolivia, Argentina, Ecuador y otros países han sido los Estados, al
prohibir la privatización de las fuentes de dicho líquido y
renacionalizar acueductos.
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El capital se concentra en un número cada vez menor de manos: los
alimentos también. Una docena de transnacionales y 36 filiales
interconectadas dominan su producción y mercadeo mundial. Integran el
cartel Anglo-Holandés-Suizo: doce de ellas están asociadas al cartel de
Windsor, de la casa reinante inglesa; las demás en su mayoría están
vinculadas a otras cinco casas reales. Apenas dos, Continental y
Cargill, controlan más de la mitad de la producción de granos global.
Este colosal oligopolio domina el 95% de la producción alimenticia de
Estados Unidos, Europa, los países del Commonwealth y Latinoamérica,
especialmente Argentina y Brasil, y de sus cosechas dependen cinco mil
millones de personas. En el resto del mundo ha deprimido la producción
de alimentos incoando la eliminación de políticas proteccionistas y
subsidios, la suspensión de financiamientos y grandes proyectos
agrícolas, el dumping y el dominio sobre semillas y fertilizantes
(Jerónimo Guerra: “La escasez y el desabastecimiento como armas de
destrucción masiva”; Rebelión, 24-02-2008). Este sistema presupone el
monocultivo, que a su vez impone el latifundio, la expulsión masiva de
campesinos y la producción de alimentos para la exportación y la
especulación, y no para satisfacer las necesidades de la población del
país donde se produce. También trae consigo el cultivo de especies
genéticamente alteradas y estériles, y a veces desvía los vegetales del
consumo humano para destinarlos a la producción de biocombustibles y de
alimentos para el ganado. Este modelo elimina la diversidad biológica,
destruye la base social y en fin agota la tierra. Lo han hecho posible
las enormes presiones políticas y financieras sobre los Estados débiles
que no aplican su soberanía para la eliminación del latifundio ni para
la protección de la agricultura local y de sus ciudadanos. Movimientos
como el de los Sin Tierra de Brasil avanzan luchas cotidianas contra
estos procesos; pero sin apoyo del Estado difícilmente lograrán la
victoria. Sin medidas políticas de restricción del poderío de las
transnacionales y de protección de las agriculturas locales y de los
campesinos no habrá cambios en esta situación. Sin mejora en la política
de la propiedad de la tierra no hay mejoría en el problema del hambre.
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Los ejemplos podrían multiplicarse al infinito. En general, los poderes
económicos y políticos de los países hegemónicos propulsan un modelo de
gestión que exige: 1) Privatización de la naturaleza 2) Privatización de
los recursos, incluidos los del subsuelo 3) Transferencia del poder de
decisión de los Estados periféricos sobre sus recursos hacia
transnacionales, organizaciones no gubernamentales o minorías étnicas 4)
Apropiación monopólica de la tierra cultivable 5) Control sobre la
reproducción de la vida a través de semillas y organismos genéticamente
modificados, clonación y el registro de patentes sobre seres vivientes
6) Freno del desarrollo en los países emergentes y periféricos, en aras
del ilimitado consumo de recursos por los países hegemónicos 7)
Desplazamiento o tercerización de los efectos nocivos de la
contaminación de los países hegemónicos hacia las periferias. 8) Derecho
al uso ilimitado de la fuerza por los imperios para defender sus
pretensiones sobre la Naturaleza 9) Maquillaje de todas estas acciones
como políticas de defensa de las víctimas y del planeta. Nunca fue más
repulsivo el retrato de Dorian Grey que cuando añadió la hipocresía a
sus demás perversiones. Ninguna de estas fatales iniciativas puede ser
revertida sin acciones políticas. No habrá revolución ecológica sin
Revolución.
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Según señalamos, la lógica de estas operaciones destructivas corresponde
a la estrategia de los llamados juegos Suma Cero, en los cuales la
ganancia de uno equivale a la pérdida de otro. Su lógica ha permeado
toda la cultura, desde la simplificación del evolucionismo al darwinismo
social y a la idolatría del libre mercado como supuesta sede de la
libre competencia, y a la prédica postmoderna de la muerte de la Ética,
de la Política y de la Historia. La conciencia de la finitud del mundo
debe llevarnos a aplicar los juegos cooperativos, examinados por John
Forbes Nash en 1951 en su artículo "Non-Cooperative Games" (The Annals
of Mathematics 54(2):286-295). Si la perpetuación de un juego suma cero
lleva al estancamiento o la destrucción mutua, los competidores pueden
mejorar su estrategia haciéndolo cooperativo. De hecho, la Sociobiología
demuestra que la vida, lejos de ser sólo un juego suma cero de
competencia y mutua destrucción, es también un conjunto de juegos
cooperativos, que rigen la agregación de células en los seres complejos,
la reproducción y el apoyo mutuo en los animales sociales (Wilson,
Edward O.: Sociobiology, the new synthesis; The Belknap Press of Harvard
University Press, Harvard, 1976). De los juegos cooperativos nacen las
sociedades humanas y la civilización. Pero un paradigma cultural no se
impone por el mero hecho de ser expuesto. Para implantarlo se requiere
una acción social que impulse una decisión política. Las fuerzas de la
vida, que componen la Naturaleza y el Trabajo, deben imponerse a la
abstracción muerta y la lógica mortífera del Capital. Sin Revolución en
la vida no se detendrá la muerte.
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