José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Jorge Cervantes, preso en Cuba, abandonaba hace días una huelga de hambre, tras conseguir su excarcelamiento por parte del gobierno de la Isla. Cervantes emigrará junto a su familia -como lo hizo anteriormente su hermano- a territorio español (1).“Disidente” y “luchador por los derechos humanos” son los términos que emplean los medios al hablar de esta persona. Lo curioso es que estos medios han aplicado en las noticias sobre Jorge Cervantes –en una práctica muy poco habitual en ellos- una ejemplar política informativa de presunción de inocencia, ya que no mencionan el motivo por el que se encontraba, hasta su última detención, en situación de libertad condicional: el presunto intento de violación de una joven en la ciudad de Santiago de Cuba (2). Esta joven narraba en varios blogs cubanos el momento de la agresión: “Empecé a gritar, comenzamos a forcejear, y cuanto más forcejeaba y lloraba, él más me daba, me partió toda la boca, la cara se me hinchó completamente de tantos golpes que me dio” (3).
La propia madre de Jorge Cervantes reconocía al diario El Nuevo Herald que sus problemas con las autoridades cubanas provienen de su actividad de delincuencia común (4). Ya en 1997 fue condenado a seis años de prisión por el robo en una empresa del estado.
Y es que, en los últimos años, la llamada “disidencia” cubana ha integrado a sus filas a numerosas personas con este perfil. Recordemos el caso de Orlando Zapata Tamayo, preso que cumplía condena por diversos actos de violencia, como la agresión con machete a un ciudadano, y que fue captado por la “disidencia” una vez en prisión (5). Allí, comenzó una huelga de hambre con reivindicaciones tales como tener télefono celular y cocina en su celda. Su muerte fue finalmente capitalizada por la extrema derecha de Miami, con el soporte de los grandes medios internacionales. "Ya aquí, en (Estados Unidos), el país de la libertad, descansarán sus cenizas en paz", decía hace unos días su madre, Reina Luisa Tamayo (6). Una curiosa “paz” si tenemos en cuenta que su hijo fue enterrado en el mausoleo de la Brigada 2506, es decir, junto a los mercenarios que trataron de invadir Cuba en 1961 y fueron derrotados en Playa Girón (7). Una vez más, mentía sobre las circunstancias de la muerte de su hijo, que atribuía a que las autoridades cubanas le habían negado agua durante 18 días, y repetía el guión político dictado por sus anfitriones de Miami, al pedir “más sanciones” de EEUU a Cuba.
Una muestra representativa de la catadura moral de la llamada “disidencia” cubana la tenemos en el comportamiento de muchos de los expresos excarcelados durante el último año y acogidos por el Gobierno español. Repasemos.
Entre los primeros que viajaron, en julio de 2010, varios se quejaban ante los medios –el mismo día de su llegada- por ser alojados en un hostal del barrio obrero de Vallecas, en la periferia de Madrid (8). Oleivys García, esposa del expreso Pablo Pacheco, expresaban su "desconcierto" porque "el baño es colectivo y las habitaciones no están ventiladas". Otro de ellos, Normando Hernández, maldecía tener “que (ir a) convivir con 40 personas” en unas instalaciones para inmigrantes (9).
Meses más tarde, Juan Antonio Bermúdez Toranzo, también expreso y vicepresidente de la denominada Fundación Cubana de Derechos Humanos, protestaba porque “estamos en una habitación de tres camas sin condiciones, la alimentación es muy mala, muchos ancianos y niños ni la comen. En España se están violando prácticamente nuestros derechos humanos" (10).
Las protestas por supuestas promesas económicas incumplidas por parte del Gobierno español se han repetido en varios lugares. El Centro de Extranjeros de Torrelavega, perteneciente a Cruz Roja, expulsó a comienzos de junio al expreso cubano Erick Caballero Martínez, por agredir a uno de sus trabajadores (11). Caballero denunciaba a la prensa que les estaban tratando “como a unos simples inmigrantes” (12).
Otro expreso y exhuelguista de hambre en Cuba, Néstor Rodríguez Lobaina, arremetía contra la Cruz Roja española por la lentitud en el pago de su ayuda económica mensual, y por trasladarle en un incómodo autobús desde Madrid a Málaga (13).
En el mes de abril de 2011, otro de ellos, Mario Alberto Pérez Aguilera, se negaba a aceptar el alojamiento que puso a su disposición la Comisión Católica de Emigrantes de Castilla-La Mancha (14). La responsable de la citada ONG, Ana Belén Sanz, aseguró que le habían ofrecido dos apartamentos, de seis y cinco plazas, para su familia, y que aquél los rechazó.
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