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Puesta al descubierto la operación de propaganda financiada por el Gobierno en Miami
Más de 2,200 páginas de documentos obtenidos por FOIA
por Gloria La Riva
Coordinadora, Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos
En 1998, cinco hombres cubanos fueron arrestados por el gobierno de EEUU, y juzgados en Miami acusados de conspirar para cometer espionaje en los Estados Unidos.
La misión de estos cinco hombres era detener el terrorismo, manteniendo bajo observación a los extremistas de ultraderecha en Miami, con el fin de prevenir sus violentos ataques contra Cuba. “Los Cinco Cubanos”, como se les conoce actualmente, fueron condenados después de que la jueza les negara repetidamente el cambio de la sede del juicio a un lugar fuera de Miami. El gobierno de EE.UU. insistió en que fueran juzgados en Miami.
Lo que los Cinco Cubanos y sus abogados no supieron durante el juicio, fue que el gobierno de EE.UU., a través de su agencia de propaganda oficial, el Buró de Gobernadores de Transmisiones (BBG), les estaba pagando en secreto a prominentes periodistas de Miami, que, al mismo tiempo que el gobierno hacía su acusación, saturaban los medios de Miami con reportes que eran altamente provocativos y perjudiciales para los Cinco Cubanos.
La presencia de periodistas de Miami en las nóminas de pago del gobierno de EE.UU., quienes pretendían reportar como si se tratara de prensa “independiente”, va a lo más intrínseco en la injusta condena de los Cinco, quienes no solo fueron víctimas de una acusación por causas políticas, sino también de la operación de propaganda realizada por el gobierno.
Lawrence Wilkerson, jefe del equipo de Colin Powell cuando era Secretario de Estado, de 2001 a 2005, comentó que no era posible que los Cinco Cubanos tuvieran un juicio justo en Miami:
Cuando el caso llegó al tribunal, un cambio de sede estaba justificado y fue solicitado, debido a que ninguna corte de Miami iba a ofrecerle un juicio justo a los Cinco, ya que la ciudad, en gran parte, está en manos de algunos de los mismos cubano-americanos y sus partidarios, que supuestamente han perpetrado estas atrocidades contra el pueblo cubano y están preparados para invadir la isla. Pero la moción del cambio de la sede fue rechazada. Y los Cinco, desde luego, fueron condenados.
Wilkerson ha exigido la liberación de los Cinco Cubanos.
Así como también lo ha hecho el ex- presidente de EE.UU., Jimmy Carter, quien afirmó:
Creo que no hay razón para mantener a los Cinco Cubanos en prisión, existen dudas en las cortes de EE.UU. e incluso entre las organizaciones de derechos humanos en el mundo. Ahora, ellos han estado en prisión 12 años, y espero que en un futuro cercano sean puestos en libertad para retornar a sus hogares.
Profundizando para llegar a la verdad
El esfuerzo realizado durante varios años por el Comité Nacional para la Libertad de los Cinco Cubanos, la organización legal de derechos civiles Sociedad para la Fundación de la Justicia Civil y, más recientemente, por el periódico Liberation (Liberación), ha dado como resultado el descubrimiento de miles de páginas de materiales, que no se habían hecho públicos antes, y son exponentes de esta operación gubernamental.
Más de 2200 páginas de contratos entre periodistas de Miami y de Radio y TV Martí—hechas públicas hasta ahora por el periódico Liberation, a través de una petición de la Ley de Libertad de Información (FOIA)--muestran la falacia de la existencia de una prensa independiente en Miami.
Este es el primero de una serie de artículos acerca de estas nuevas revelaciones.
El BBG y su Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB), han operado Radio Martí desde 1985, y TV Martí desde 1990. Ambas realizan transmisiones dirigidas hacia Cuba con la intención de desestabilizar el gobierno. También transmiten directamente a Miami.
La Ley Smith-Mundt de 1948, que regula la “diplomacia pública” de EE.UU. en el extranjero, como la Voz de las Américas, Radio Europa Libre, Radio y TV Martí, etc., prohíbe al gobierno de EE.UU. financiar actividades para ejercer influencia y hacer propaganda dirigida a la opinión pública local, ver 22 U.S.C. § 1461.
El gobierno de EE.UU. ha invertido cerca de quinientos millones de dólares en la OCB en Miami. Con un presupuesto anual de cerca de $35 millones, la OCB y BBG ponen en sus nóminas a periodistas locales para transmitir el mismo mensaje dentro y fuera de los Estados Unidos, acerca de temas relacionados con Cuba, violando de hecho la ley contra la diseminación de propaganda de EE.UU. dentro del propio país.
Los documentos de fecha más temprana obtenidos de BBG hasta ahora, datan del 1ro. de noviembre de 1999. A pesar de que la petición FOIA, solicitando información acerca de los periodistas, es anterior a la fecha del derribo de los aviones en 1996—que también abarca la fecha del arresto de los Cinco en 1998—BBG se ha negado hasta el presente a acceder a esta solicitud, alegando que esos contratos y otros documentos han sido destruidos.
Estos contratos evidencian el pago del gobierno de EE.UU. a periodistas en Miami, cuyos reportes constituían un esfuerzo sostenido por crear una atmósfera de histeria y parcialidad contra Cuba y los Cinco Cubanos. Dos de los Cinco Cubanos—Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, y pronto Ramón Labañino – han presentado recursos de habeas corpus argumentando que sus derechos constitucionales a tener un debido proceso fueron escandalosamente socavados por la operación del gobierno en Miami y los pagos a los reporteros de Miami.
Los reportes de estos periodistas y sus contratos con el gobierno, demuestran una estrecha asociación entre Washington y los reporteros del ala derecha del exilio cubano. Prominentes periodistas que publican tendenciosos temas en contra de Cuba en los medios de Miami, son generosamente recompensados con contratos de BBG.
Con sus sedes en Miami, Radio y TV Martí son las únicas estaciones de propaganda de EE.UU. que operan fuera del área de Washington, D.C. Trasladadas a Miami en 1997, ambas fueron capaces de reclutar una cuadrilla de virulentos reporteros contrarios a Cuba.
Estos contratados por el gobierno de EE.UU. sirvieron como invitados, presentadores, escritores y comentaristas habituales, de programas como “Actualidad Mundial” (World Update), “Mesa Redonda” (Roundtable) y otros noticiarios diarios. En otras palabras, ellos dirigían y le daban forma al mensaje. A la vez que eran empleados del gobierno de EE.UU., estos periodistas también se mantenían como reporteros independientes cubriendo las relaciones entre Cuba y EE.UU. en otros medios.
Tal es el caso de Pablo Alfonso y Ariel Remos.
Los reporteros condenan a los Cinco antes del juicio
Pablo Alfonso fue reportero de El Nuevo Herald por largo tiempo. Los contratos revelados por el periódico Liberation, a través de FOIA, muestran que Alfonso recibió pagos de BBG por $58 600.00 durante el proceso de acusación de los Cinco Cubanos, en el periodo del 1 de noviembre de 1999 al 3` de diciembre de 2001. Le pagaron en total, hasta el 22 de agosto de 2007, $252 325.00.
Ariel Remos es un viejo reportero y comentarista del Diario Las Américas. Remos recibió pagos de BBG por $10 400.00, durante el proceso de acusación de los Cinco — del 1ro. de noviembre de 1999 al 9 de febrero de 2001. En total recibió como pago $24 350.00 hasta el 20 de noviembre de 2006.
Durante el proceso de acusación de los Cinco, ambos, Alfonso y Remos, escribieron explosivos artículos, que aparecieron publicados en los medios de Miami, acusando al gobierno de Cuba de asesinato.
Cargo falso de conspiración a asesinar
Hermanos al Rescate habían enviado repetidamente aviones para invadir el espacio aéreo cubano en 1995 y a principios de 1996, haciendo vuelos rasantes sobre los edificios de La Habana y lanzando miles de volantes sobre la ciudad. Cuando HAR hizo públicamente el anuncio de que volarían una vez más sobre el territorio cubano el 24 de febrero, Cuba advirtió que se tomarían acciones directas si los aviones los invadían nuevamente. Cuando los aviones atravesaron el espacio aéreo cubano, fueron derribados.
La histeria y la demanda de venganza invadieron prácticamente los medios de Miami en los días que siguieron al derribo de los aviones.
A pesar de haber estado en Miami, no en Cuba, y no haber participado en forma alguna en las acciones de Cuba para defender su territorio, Hernández fue convertido en un chivo expiatorio. Siete meses después de que los Cinco fueron arrestados, él fue acusado de conspirar para cometer asesinato.
La jueza Joan Lenard alegó en el juicio que el jurado -- el cual no estaba aislado y regresaba a sus casas cada día -- estaba suficientemente protegido de los medios de difusión, porque tenía sus instrucciones de no oír las noticias durante el juicio. Pero la comunidad de Miami ya había sido inundada por una cobertura dirigida a inflamar los ánimos acerca del derribo de los aviones, casi cinco años antes de que el jurado fuera seleccionado.
Alfonso y Remos estuvieron repicando constantemente para condenar a Fidel Castro por el derribo de los aviones, y entrevistaron a otros que demandaron su arresto por “asesino.” Sus artículos llamaban a la exaltación y eran sensacionalistas.
En 1999, mientras estaba bajo contrato del gobierno de EE.UU., Remos entrevistó a Ralph Fernández, abogado de Tampa, representante legal de José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate.
El artículo de Remos, fechado el 28 de noviembre de 1999, plantea:
… [E]n el caso Estados Unidos vs. Gerardo Hernández, en el cual ha estado actuando Caroline Heck-Miler [sic] y donde la cadena de mando y causal en la muerte de cuatro miembros de Hermanos al Rescate – tres de ellos ciudadanos de EE.UU. y uno residente – supuestamente arranca con Fidel Castro.
Castro, por tanto, está en el citado caso acusado de asesinato y bajo investigación de asesinato; y pisar territorio norteamericano, puede ser arrestado y traído ante la justicia de este país. Tal es el criterio del abogado Fernández, y así lo acaba de expresar a DIARIO LAS AMERICAS.
El daño creado por la asociación entre el gobierno y sus periodistas pagados se reforzó durante el juicio.
El juicio comenzó en noviembre de 2000 y concluyó en junio de 2001.
A los tres meses de iniciado el juicio apareció un artículo de Ariel Remos en el Diario las Américas (Feb. 27, 2001), bajo el siguiente título: “Jeane Kirkpatrick pide a Ashcroft encausar por terrorismo internacional a funcionarios cubanos.” El artículo revela una carta al fiscal general de la nueva administración Bush, John Ashcroft, escrita por Kirkpatrick, la embajadora neo-conservadora de EE.UU. en Naciones Unidas durante la administración Reagan.
El artículo destaca el reclamo hecho en la carta a Ashcroft de que “en un juicio que se le sigue a cinco funcionarios cubanos en la Florida, ha resultado la evidencia de que los asesinatos [de los pilotos de Hermanos al Rescate-editor] fueron premeditados,” así como también la queja de que “las más altas autoridades que aprobaron este acto de terrorismo de estado, no han sido todavía encausados.”
El “acuerdo” entre el gobierno y los periodistas que estaban cubriendo a Cuba y la acusación de los Cinco Cubanos impactó claramente – o, mejor dicho, negó – la posibilidad de un juicio justo en Miami.
Pero el gobierno en su “Respuesta en Oposición”, del 25 de abril de 2011, a una moción presentada por Gerardo Hernández, que apela su sentencia de doble cadena perpetua, plantea una simple defensa del tipo “nunca me podrás atrapar”.
La reciente respuesta del gobierno presentada por los abogados del Departamento de Justicia de la administración Obama, argumenta que los artículos escritos por los periodistas pagados por el gobierno no podían haber tenido impacto alguno debido a que A) fueron publicados antes de que comenzara el juicio; o B) fueron publicados después de que comenzó el juicio y el jurado estaba conformado y advertido por la jueza en cuanto a no ser influenciado por los medios.
Por lo tanto, según el gobierno, la cobertura hostil e inflamatoria de los medios nunca pudo ser perjudicial para los acusados. Sus millones de dólares bombeados a los medios llamados “independientes” en Miami no tiene ninguna importancia o es incorrecta.
Sin embargo, los fiscales de EE.UU. sabían que las instrucciones de la jueza eran insuficientes para proteger el proceso del juicio de la influencia indebida de los medios, como se demostró por la moción del gobierno presentada por la fiscal Caroline Heck-Miller en diciembre de 2000. El gobierno solicitó una orden de silencio para prohibirle a la prensa citar a los testigos potenciales -- preocupados que estos testigos ayudarían a la defensa.
La moción fue presentada después que un testigo potencial, Richard Nuccio, había expresado su disgusto al conocer que el FBI fue advertido, antes del derribo de los aviones, de que esto podría ocurrir.
En la moción del gobierno se planteó: “…el jurado en este tribunal ha sido estrictamente instruido de no leer los reportes de la prensa acerca del caso, y no hay razón para creer que ellos no hayan considerado sus instrucciones. Sin embargo, el comentario desenfrenado por personas que están designadas como testigos en este asunto, contrariamente a las claras directivas de la Corte, plantea riesgos al proceso que ninguna de las partes habrían de soportar.” (Énfasis añadido)
El gobierno sabía y admitió que los medios podían influenciar al jurado. Y continuó pagando a los reporteros que estaban haciendo precisamente eso.
Creando un clima de histeria
La cobertura fue más allá de noticias corrientes, con el fin de crear el espectro de una supuesta amenaza que los acusados y Cuba deparaban para los Estados Unidos.
El 16 de septiembre de 1998, cuatro días después del arresto de los Cinco, Pablo Alfonso publicó una acusación sin fundamento y altamente inflamatoria, acerca del enlace de Cuba y sus agentes con el terrorismo. La misma apareció en El Nuevo Herald, con el título “Posible Alianza con el Terrorismo.”
Alfonso escribe:
La sorprendente ofensiva contra una supuesta red de espías cubanos en Miami podría ser una acción destinada a prevenir una posible colaboración del gobierno de Cuba con países involucrados en acciones terroristas contra Estados Unidos, según expresaron expertos en asuntos militares y de inteligencia a El Nuevo Herald.
En su artículo, Alfonso cita a Orestes Lorenzo, un ex-mayor de la Fuerza Aérea cubana, quien desertó a los Estados Unidos en 1991:
“Es ridículo suponer que el ejército cubano puede hacer algo serio ante el poderío militar norteamericano'', indicó Lorenzo. “Sin embargo, si pensamos en términos de servicios prestados a grupos terroristas o naciones como Libia, Irán u otras por el estilo, las cosas cambian''.
Lorenzo dijo que no le sorprende que el régimen de Fidel Castro está “prestando o vendiendo sus servicios de inteligencia'' a grupos terroristas islámicos o naciones poderosas interesadas en llevar a cabo actos terroristas en territorio norteamericano.
El infundamentado artículo de Alfonso finaliza convirtiendo en un hecho la especulación del vínculo de Cuba con los grupos terroristas “islámicos”.
Este tipo de reportes contribuyó al contexto y al clima político que enfrentaron los Cinco Cubanos a continuación de su arresto y durante todo el tiempo de su juicio, durante las deliberaciones del jurado, y por último la sentencia. Cuba fue reflejada por los medios de Miami como una entidad terrorista.
Wilfredo Cancio Isla, según los contratos publicados por el periódico Liberation, recibió $4 725.00 desde el 30 de septiembre de 2000, al 3 de diciembre de 2001 -- fechas incluidas en el periodo del proceso de acusación de los Cinco. Su contrato P109-1036 con Radio Martí lo comprometía a un “debate” de participación semanalmente en la estación hasta el 30 de septiembre de 2001. En total le pagaron $21 800.00 hasta el 20 de noviembre de 2006.
Durante este mismo periodo, Cancio publicó en El Nuevo Herald acusaciones no fundamentadas del gobierno que al jurado no le era permitido oír en la sala de la corte. Pero estas acusaciones aparecerían en la prensa para que todos las leyeran, incluyendo el jurado, que no estaba aislado.
El 4 de junio de 2001, el día que el jurado iba a comenzar las deliberaciones, apareció un artículo de Cancio en El Nuevo Herald con el siguiente encabezamiento: “Cuba usó alucinógenos al adiestrar a sus espías.”
Este inflamatorio artículo—supuestamente basado en información procedente de un anónimo “Un espía cubano desertor”—afirmó que Cuba les suministró LSD y otros alucinógenos para “modificar el comportamiento” para objetivos de “inteligencia y contrainteligencia.”
El supuesto ex-espía desertor “anónimo”, quien usaba dos seudónimos, Alex y José, vincula convenientemente la acusación de la droga con los Cinco Cubanos. Cancio escribe:
Cuba experimentó con técnicas de hipnosis y alucinógenos para “modificar el comportamiento” de numerosos agentes, que fueron enviados al extranjero ... "Entre estos alucinógenos estaban el psilocybin y el LSD. ..." [como describió mediante su fuente, Alex]
‘Puedo asegurar que la Red Avispa (desarticulada en septiembre de 1998) es apenas una porción del trabajo de espionaje que se había concebido para infiltrar a Estados Unidos a largo plazo,’ senaló Alex, que vive ahora en el Sur de la Florida. (Red Avispa es una referencia a los Cinco Cubanos.)
Está claro que los Cinco Cubanos son prisioneros políticos, que fueron víctimas de la despiadada propaganda en contra de Cuba generada por sus propios acusadores, el gobierno de EE.UU.
El sitio Web Reporters for Hire (Reporteros por Contrato) publicará próximamente otros artículos y documentos adicionales que han salido a la luz, obtenidos de BBG, que exponen esta operación de propaganda ilegal del gobierno y la manipulación del sistema de justicia.
Ben Becker, editor del periódico Liberation contribuyó con este artículo.
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Amnistía Internacional exigió al Gobierno de los Estados Unidos que revise los casos de cinco antiterroristas cubanos presos en el vecino país, por la existencia de irregularidades en el proceso judicial.
