Los “indignados” españoles perfilan un paquete de medidas concretas para cambiar el sistema

Pese a que la lluvia no permitió este lunes la celebración de algunas asambleas generales en varias ciudades del Estado español, los “indignados”, a través de los portavoces de más de 56 acampadas de distintas localidades, han ido acordando una serie de puntos de trabajo para encontrar consensos a nivel estatal.

De hecho, en muchas de las acampadas ya existen documentos que muestran unas demandas básicas para transformar el sistema actual.

Política:
Se propone la supresión de privilegios de la clase política, que tienen que ver con recortes en los sueldos y pensiones, la abolición de los sueldos vitalicios y la supresión de la inmunidad jurídica.
También se exige una total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como medida de contención de la corrupción.
Otro de los puntos “estrella” tiene que ver con la reforma de la Ley electoral, hacia un sistema más representativo y justo.
Finalmente, se pide que haya listas abiertas para que el ciudadano pueda elegir siempre al candidato deseado y que los gobiernos convoquen referendos vinculantes para temas importantes.
Bancos y Cajas:Se exige prohibir cualquier tipo de rescate o inyección de capital público a cajas y bancos. Los “indignados” consideran que si un banco está atravesando dificultades debe quebrar o bien ser nacionalizado para constuir una banca pública al servicio de la ciudadanía.
También se pide que se prohiba a los bancos invertir en paraísos fiscales.
Grandes fortunas:
Se pide un mayor control del fraude fiscal y de la fuga de capital, así como la promoción a nivel internacional de una nueva tasa para las transacciones financieras, conocida como “Tasa Tobin”.
Ámbito laboral:
En el ámbito laboral se exige la retirada de la reforma laboral y de las pensiones, prohibir los despidos en empresas que tengan beneficios, establecer un máximo salarial y reducir la jornada laboral.
Vivienda:
Se propone expropiar las viviendas en desuso para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social. También se pretende luchar de manera más efectiva contra los deshaucios y desalojos.

Servicios públicos:

Se pide que no haya recortes presupuestarios y de personal tanto en Sanidad como en Educación. También se exige prohibir por ley la privatización de servicios públicos y la retirada del “Plan Bolonia”, al considerarlo un programa privatizador.

Información:

Promover el software libre en instituciones públicas y abolir la llamada “Ley Sinde”.

Libertades:

Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, como establece el artículo 16 de la Constitución y recuperación de la Memoria Histórica y de los principios fundadores de la lucha por la Democracia en el Estado.

Inmigración:

Reitrar la Ley de Extranjería, cerrar los Centros de Internamiento para Extrajeros (CIE’s) y que los inmigrantes tengan derecho a voto.
Medio ambiente:
Se pide fomentar la agricultura campesina y no a las grandes multinacionales de la alimentación. Para ello, se hace necesario controlar y prohibir los monopolios en la producción y distribución de alimentos.
Se establece como meta reducir la emisión de CO2, más allá de los objetivos fijados en el Protocolo de Kyoto.
También se reclama el cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y gratuitas.